Trabajo en mi puesto de farmacéutico en la sanidad pública, intentando la máxima eficiencia. Pero he llegado a un punto en el que me siento como el que intenta achicar con un cubo mientras el barco se hunde. ¿De qué sirve hacer nuestro trabajo si nuestros políticos son incapaces de gestionar como se debe? Por cada euro que ahorramos, cientos se siguen malgastando por una gestión inapropiada en plena crisis galopante. Millones de euros se siguen yendo a empresas públicas ineficientes e inútiles en su mayoría, ocupadas por cuñados, sobrinos y gente con carnet. Cuando es necesario priorizar las actividades básicas, muchos médicos tienen que seguir empleando tiempo en rellenar formularios obligatorios, que en su gran mayoría no aportan nada, y cuyo único sentido es justificar la existencia de empresas públicas ineficientes, en lugar de atender mejor a sus pacientes.
Y esto que pasa aquí, sucede en toda España y a todos los niveles. La gestión de lo público sucumbe a los intereses de las grandes maquinarias impersonales de los partidos, estructuras generadas para acumular poder y que se han apoderado de la política, lo mismo que el ordenador se apoderaba de la nave espacial y de su tripulante en "2001: una odisea del espacio". Son máquinas tontas, capaces de suicidarse y hundir el país mientras sigan acumulando poder.
Huyendo del populismo, ni bajar los sueldos de los políticos, ni eliminar las pensiones vitalicias va a arreglar este desastre de financiación del estado. Eso, aunque sea hiriente en muchos casos y haya que arreglarlo, es el chocolate del loro. Pero no es el chocolate del loro el derroche que se sigue haciendo con dinero público. La mayor parte de este derroche se va en pagar estructuras paralelas de gestión pública, creadas en tiempos de bonanza, y que ahora son un lastre insoportable. Estas estructuras están llenas de miles de politiquillos, sindicalistas, asesores, técnicos, etc., elegidos a dedo entre los familiares, amigos y conocidos de la gente del partido de turno, sea PP, PSOE, o el que sea. En algunas comunidades, como la andaluza, esta red paralela supera en volumen de personal a los funcionarios de la administración oficial. Es necesario que la lista del paro se incremente durante un trimestre con todas estas personas que no aportan un trabajo eficiente ni prioritario al estado, para que el sistema público vuelva a funcionar, para crear empleo y poder mantener las pensiones, la atención sanitaria y la educación. Necesitamos eliminar municipios y diputaciones, y también la mayoría de las Comunidades Autónomas. Se crearon para contentar a catalanes y vascos, y no sólo no les ha contentado el "café para todos", sino que han sido un elemento más disgregador que unificador, y más empobrecedor que enriquecedor, porque cuantos más políticos hay, a menos mecanismos de control toca por cada uno de ellos, y más corrupción cabe.
Rajoy se ha mostrado incapaz de meter la tijera ahí, porque cortaría a los suyos, a sus familiares y amigos, y eso no lo quieren ni desde el PSOE ni desde el PP. El lema de ambos, cuando se trata de "las cosas de comer" es: "vamos a llevarnos bien" (a costa de los impuestos a los españoles). No sé ustedes, pero si a mí me dan a elegir entre tener una televisión autonómica o tener a alguien que me opere bien y rápido si me aparece un problema cardiaco, prefiero lo segundo. Al paso que vamos, nos estamos cargando los servicios públicos con tal de seguir alimentando a la clase política y a sus amigos y familiares. ¡Claro que los prestamistas internacionales nos prestan caro el dinero...! ¡Si saben que seguimos con ese lastre de ineficiencia, que seguimos siendo incapaces de gestionar bien lo público! Así, pasado mañana, con intervención o sin ella, la idea de que uno tiene derecho a que le atiendan o eduquen bien a sus hijos, o tener una pensión por el mero hecho de ser ciudadano, habrá desaparecido. Habrá personas con derecho a una sanidad de calidad porque pueden pagársela o trabajan en una empresa que concierta el seguro, y otros que tendrán derecho a unos cuidados mínimos sólo cuando se estén muriendo. Clases totalmente separadas, como si viviéramos en países distintos.
Otro gran problema es que los partidos son máquinas de publicidad. Vivimos no en una democracia, sino en una oligarquía publicitaria, que consolida el poder gestionando la desinformación y manipulando el criterio del ciudadano medio. Cuanto más dinero usan en publicitar, en manipular, en comprar diarios y televisiones, en adueñarse de la voluntad de sindicatos y asociaciones ciudadanas, más fácil es controlar a los votantes. Así se han convertido en máquinas de tragar dinero para publicitar más, y más y más. No les vale con las cantidades que obtienen del dinero de nuestros impuestos, sino que se financian a través de ayudas privadas de donantes, a los que, salga quien salga -porque apuestan a todos los caballos-, luego hay que beneficiar cuando se llega al poder. Sucede en USA y también aquí. Pero los que nos estamos hundiendo ahora somos nosotros, así que no consuela que le pase también al vecino. Esas empresas y lobbys benefactores de los partidos, cobran luego de contratos públicos del estado, o tienen intereses afectados por el estado, y eso hace que, ahora mismo, en plena crisis, se siga mirando para otro lado y gastando millonadas de forma ineficiente en recursos mal gestionados, que podrían salir mucho más baratos -por ejemplo, esto sucede en el consumo de medicamentos-, y que se tomen decisiones legislativas no del todo dirigidas al bien común, sino al bien de los bienhechores del partido. Es como si un ama de casa no mirase los precios a la hora de comprar, y comprase siempre unas determinadas marcas, más caras, que la tienen "abducida". Hundiría la economía de su casa. Pues eso es lo que ocurre a nivel global, nacional, autonómico y local: la política está comprada por el poder económico, está prostituida. No sirve al bien común de las personas, sino a las empresas, a la oligarquía económica española y mundial.
Sucede todo esto, en España, tras una estafa monumental que ha empeñado y esclavizado de por vida a toda una generación de jóvenes, sometiéndoles a una servidumbre propia del feudalismo, en la que los señores feudales son los bancos. Esa estafa nacional se ha producido por el hinchamiento artificial de los precios de un bien de primera necesidad como es la vivienda, permitido y favorecido también desde el poder político, por el PP y por el PSOE. Los bancos aumentaban y facilitaban los préstamos hasta del 100% del valor del piso, y nosotros contribuiamos aumentando el precio de salida de nuestra casa, o entrampándonos en una compra que estaba al límite de nuestras posibilidades. En la Edad Media, los buenos reyes prohibían especular con el precio de artículos de primera necesidad, como el trigo, y contrapesaban el poder de la nobleza (económico), para proteger al pueblo. Pero en este moderno reino republicano, ya no hay contrapesos independientes que protejan al pueblo, y nadie ha impedido la especulación con la vivienda. La tremenda estafa nacional de la especulación inmobiliaria, junto a una crisis ética que ha disparado los divorcios, ha reducido de forma importante la natalidad y ha dañado gravemente a las familias. La familia es un motor económico y un colchón social de primer orden. Es impagable el bien económico que genera una familia estable, que tiene hijos, los cuida, los atiende con el tiempo que necesitan, los educa y les ayuda en lo que necesiten, además del beneficio para los esposos, incluso cuando éstos llegan a ancianos.
Finalmente, todo esto representa el resultado de una crisis ética de toda la población, en la que todos hemos caído, y me incluyo. Hemos salido de la dictadura y hemos tirado toda la ética a la basura, como si todo eso fuera invento de Franco. Eso ha minado la confianza a todos los niveles, y minar la confianza dispara los costes. El ahorro que supone la honradez del ciudadano medio es impagable. Saber que te van a pagar a tiempo el trabajo que te han encargado, saber que tienes una familia para toda la vida, saber que no te van a ocultar algo importante al comprar un inmueble, saber que tus clientes o empleados no aceptan sobornos, sino que eligen el mejor producto o servicio para su empresa, moverte en un entorno donde lo normal es la honradez y la eficiencia en el trabajo, saber que el periódico que compras no omite ni selecciona información según la conveniencia de alguien, saber que tu sindicato vela por los intereses de los trabajadores y no asume pactos bajo cuerda... ¡todo eso es impagable! La confianza sustenta la economía, y perderla tiene unos costes tales que hunden la actividad económica. Además, los políticos son reflejo de la población general, solo que están expuestos a más tentaciones. Si los ciudadanos son pícaros, los políticos serán corruptos.
¿Qué solución tiene esto? Primero, cambiar nosotros. Necesitamos darnos cuenta de que no podemos seguir así, y me incluyo. De que no podemos seguir perdiendo horas en mirar el facebook en el trabajo, de que no podemos seguir aceptando sobornos para elegir una empresa de mensajería o un contratista de obras, de que no podemos llevarnos los folios a casa, y tenemos que comprarlos en la papelería. Eso vale para trabajadores públicos y privados. Tenemos que rearmarnos espiritual y éticamente, no dejar para el último día el buscar un sentido a la vida; no podemos seguir viviendo como zombis: somos personas. Segundo, hay que cambiar la estructura de los partidos, que se han apoderado del poder político. Hay que hacer listas abiertas, hay que limitar los gastos de las campañas, hay que impedir las prebendas a medios de comunicación, hay que eliminar los medios de comunicación creados y mantenidos al servicio de los políticos. Hay que facilitar la aparición de nuevas iniciativas políticas, y no frenarlas en aras de la "gobernabilidad" (o sea, del reparto de la tarta de forma que les siga tocando a los mismos). El monopolio político conduce a lo que conduce la falta de competencia en todos los ámbitos: al abuso. Hay que establecer mecanismos que independicen la política del poder económico, y que blinden el poder judicial: jueces independientes garantizan que la corrupción no tenga premio, que deje de ser rentable. Tercero: Hay que limitar el poder de los políticos, haciendo que el dinero público vaya a pagar sueldos de personas elegidas por oposición objetiva de mérito y capacidad, y no a empresas públicas con individuos colocados a dedo. Hay que profesionalizar y despolitizar las funciones públicas, eliminando las empresas públicas, empezando por las televisiones. Hay que respetar la autonomía de los ciudadanos, desde la familia hasta la acción social y la empresa. Hay que primar, aún más en estos tiempos de crisis, la ayuda a los más desfavorecidos, siendo austeros en lo demás y eliminando gastos que no son necesarios, de los que tan amantes son los malos gestores para salir en los periódicos. Hay que penalizar, usando todos los mecanismos e influencias del estado, a las personas que han contribuido a la estafa inmobiliaria o se han favorecido de ella, impidiendo que sigan gestionando empresas y que se beneficien de pensiones millonarias. Hay que fortalecer los contrapoderes, para evitar que el poder económico prostituya continuamente la política. Hay que contratar inspectores, e inspeccionar muchísimo a las empresas para que cumplan las leyes y los derechos laborales, porque en los tiempos de penuria se corre el riesgo de mercantilizar el trabajo, considerando al trabajador como a una máquina. Hay que facilitar y hacer más sencillo para los autónomos y pequeñas empresas el cumplimiento de las normas, haciendo aflorar la economía sumergida. Hay que ser responsables y dejar de sembrar cizaña, de embarcar a la gente en desuniones artificiales cuyo objetivo es sacar tajada política, como son el separatismo catalán o vasco, sin perjuicio de respetar su autonomía específica como naciones solidarias en la gran nación española. Y hay que saber que somos España, y que con una regeneración como la que necesitamos, somos capaces de hacer cosas grandes.
Todo esto es una reforma radical, pero es que estamos ante un reto radical: o cambiamos, o nos hundimos. Si alguien ve otra salida, que lo diga; yo no la veo, a menos que venga el hada madrina esperada por ZP. ¿Y quién liderará esto? Nuestros políticos actuales no quieren hacerlo, porque perjudica a sus bienhechores, amigos y familiares. Hay que presionarles para que lo hagan, para que asuman estas demandas de la ciudadanía, porque así no podemos seguir. Que lo hagan, o que dimitan y den paso a otros, capaces de acometer las radicales reformas necesarias. Creo que, para empezar, Rajoy debe dimitir, porque España necesitaba todo esto de su presidente, y no ha hecho nada. Seguramente él ya no puede cambiar, porque debe mucho a los que le han ayudado a subir. Una intervención extranjera estaría libre de esos condicionamientos, pero tendría otros, y no buscaría el bien de los españoles, sino el de quienes prestan el dinero. Y aún hay que evitar lo peor que puede suceder en estos casos: que venga un líder populista y ofrezca un discurso ideológico y simplista al que se agarren las personas sin esperanza, ofreciendo un culpable a todos los males: el culpable es siempre otro (los políticos, los bancos, el sistema, los fachas, el PSOE, la Merckel); nosotros somos los buenos, los que siempre cumplimos nuestra parte (falso). El movimiento 15-M corre ese riesgo, de ser manipulado por ideologías radicales y simplistas, como ya se ha visto en varias ocasiones, y varios grupos políticos de izquierda, empezando por IU y contando con sectores del PSOE, explotan esa línea, con su falso discurso solidario. Pero es que es casi inevitable que, si no se hacen reformas, aparezca el fantasma de la revolución, la violencia y la tiranía ideológica, porque las personas necesitan una esperanza, necesitan confianza. La cuestión ahora es: ¿habrá alguien sensato, capaz de alcanzar y ejercer el poder, libre de condicionamientos previos, y liderar la salida de España del pozo con prudencia pero con decisión, buscando el bien común? Hay que rezar.
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